Durante 2025, se contabilizaron mil 800 carpetas de investigación por maltrato animal, de las cuales 298 corresponden exclusivamente a la capital poblana. 

Estas estadísticas cobran un rostro doloroso con casos como el de “Gordita”, una perrita que el pasado 23 de enero fue brutalmente macheteada en Cuautlancingo, o el abandono cínico de otra canina en las inmediaciones del mercado de Tres Cruces a finales de diciembre.

​Pese a la saña de estos actos, el marco legal en la entidad ha evolucionado para intentar frenar la barbarie. 

Con la consolidación de la "Ley Elena" en 2024, en honor a la activista Elena Larrea, se logró tipificar la zoofilia como delito penal y endurecer las penas de prisión. 

Actualmente, causar la muerte de un animal puede castigarse con hasta 8 años de cárcel, pero la exigencia social es tal que para este 2026 ya se impulsa una iniciativa que busca elevar la sanción a 12 años en casos de crueldad extrema, bajo la premisa de que los animales son seres sintientes con derecho a una vida libre de violencia.

​En este contexto, la administración de Alejandro Armenta ha integrado la "Bioética Social" como un eje de gobierno para transitar del papel a la acción. 

Entre los proyectos más ambiciosos destaca la construcción del Centro de Bienestar Animal en Valsequillo, que se perfila como el más grande de México con capacidad para mil 500 ejemplares. 

A esto se suma la creación de un Servicio Médico Forense Veterinario para profesionalizar las investigaciones y asegurar que el maltrato se castigue con pruebas científicas, complementando estas acciones con jornadas masivas de esterilización y la apertura de espacios públicos "pet-friendly" que fomenten una nueva cultura de respeto y convivencia.