Martes, 03 Febrero 2026 21:39

La estafa del transporte público: Siete años de burlas y "latas de sardinas"

Escrito por Henry Sánchez Ortiz

En el periodismo, como en la vida, hay deudas que no caducan. 

Lo que hoy vemos en las calles de Puebla no es una protesta legítima, es el descaro de un gremio que ha hecho del incumplimiento su modelo de negocio. 

Los transportistas vuelven a pedir dinero, ignorando que ya le deben demasiado a la ciudadanía.

​2019: El pacto que se volvió estafa

​Retrocedamos al 21 de septiembre de 2019. Bajo el gobierno del exgobernador Miguel Barbosa, se autorizó un incremento de 2.50 pesos, elevando la tarifa a 8.50. Pero ese dinero no fue gratis. Fue un intercambio sellado con la promesa de transformar el transporte público. 

El acuerdo era tripartito y obligatorio:

• ​Modernización Total: Sustituir las unidades viejas por modelos recientes.

• ​Seguridad Pública: Instalación obligatoria de cámaras y botones de pánico conectados al C5.

• ​Capacitación: Profesionalizar a los choferes para humanizar el servicio.

​¿El resultado? Los concesionarios se guardaron los 2.50 pesos diarios de cada pasajero y nos dejaron las mismas carcachas, la misma inseguridad y el mismo trato prepotente. Cobraron por adelantado un servicio que nunca entregaron.

2025-2026: Armenta dio la mano y le tomaron el pie

​Hoy, la narrativa del "no podemos" se cae por su propio peso. La administración de Alejandro Armenta ha sido más que paciente. Desde el inicio de su gestión en 2025, la instrucción fue clara: modernización sin pretextos.

​Para que no hubiera excusas financieras, el gobierno implementó medidas sin precedentes:

• ​Enero 2025: Se les otorgó una prórroga amplia para que alinearan sus unidades a la norma.

• ​Octubre 2025: Se les perdonó el 100% del costo de los trámites. Básicamente, el gobierno les quitó la carga burocrática y económica para que dejaran de circular en esas "latas de sardinas".

​La Verdad no contada

​Es ofensivo que hoy, tras recibir "borrón y cuenta nueva" en sus trámites y tras años de ignorar el acuerdo de 2019, pretendan chantajear al estado con paros. Se oponen a la revisión vehicular porque saben que sus unidades son un peligro público. Esa revisión no es un acoso, es un acto de justicia para el usuario que paga sus 8.50 pesos esperando llegar vivo a su destino.

​La "narración inteligente" nos indica que ya no hay espacio para negociar con base en promesas. Si los transportistas no pudieron cumplir cuando les dieron el aumento en 2019, ni cuando les regalaron los trámites en 2025, ¿por qué habríamos de creerles ahora? Aquí lo digo claro: el pasaje no se negocia con bloqueos, se gana con calidad. Y hoy, la calidad brilla por su ausencia.

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