​En un operativo conjunto, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Policía Estatal aseguraron el inmueble, que operaba como una "granja" clandestina de criptomonedas.

​En el lugar hallaron infraestructura de nivel industrial: cerca de 300 tarjetas de procesamiento gráfico (GPU) operando de manera continua, un transformador de pedestal, alrededor de 80 terminales de media tensión y ocho antenas de internet satelital para garantizar su funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

​El proceso requiere supercomputadoras para resolver algoritmos matemáticos, validar transacciones y obtener recompensas en criptomonedas. Para este procedimiento se utiliza una alta demanda de energía eléctrica y sistemas de enfriamiento especializados, equipo que se encontraba instalado en la zona serrana.

​La FGR indaga no solo el robo de energía eléctrica mediante conexiones clandestinas, sino el destino de los recursos. La principal hipótesis de las autoridades apunta a que los activos virtuales generados eran utilizados para el lavado de dinero de origen ilícito.