El caso más reciente —una madre de familia agredida físicamente, ultrajada en su intimidad por un sujeto a plena luz del día— no solo es un ataque individual; es la radiografía de una cloaca institucional que supura negligencia en el municipio de Puebla.

​Bajo la administración de Pepe Chedraui, la seguridad en la Angelópolis se mide en boletines optimistas y cifras maquilladas. Pero en el asfalto, la realidad es otra: la respuesta de la policía municipal y del personal de justicia es la minimización absoluta.

​A pesar de las promesas de campaña de una "Puebla moderna", las poblanas se estrellan contra un sistema que las ignora. Al intentar denunciar agresiones que no dejan cicatrices visibles, la respuesta es la apatía. La consigna implícita de las autoridades es tan cruel como clara: si no hay sangre o una violación consumada, no eres prioridad.

​La falta de atención en la capital no es un error de logística; es una política de Estado que revictimiza. Al acudir por ayuda, a la mujer agredida no se le ofrece el resguardo del Estado ni se activa una cacería real del agresor. En su lugar, se le somete a un interrogatorio inquisidor