La revelación, difundida originalmente por la activista Zyanya Polastri, ha encendido las alarmas sobre el funcionamiento de los llamados "Centros de Bienestar Animal" en el país, los cuales, según protectores de animales, están operando como "perreras disfrazadas" bajo una fachada institucional.

En el material audiovisual, la legisladora argumenta que estas acciones se llevaron a cabo bajo el amparo de la normativa vigente en el Centro de Bienestar Animal del municipio. No obstante, las cifras oficiales dadas por la senadora han sido duramente cuestionadas por organizaciones civiles.

La activista Zyanya Polastri sostiene que el número admitido es apenas una fracción de la realidad. Según sus investigaciones y datos recabados, la cifra real de animales sacrificados durante los seis años de gestión de Gutiérrez Escalante podría superar los 10,000 ejemplares, lo que sugeriría una práctica de exterminio a gran escala en lugar de un programa de control ético de sobrepoblación.

¿Bienestar Animal o centros de exterminio?

El caso ha trascendido la figura de la senadora, abriendo un debate nacional sobre la ética en las políticas públicas de salud animal. Usuarios en redes sociales y colectivos de búsqueda de justicia animal denuncian que:

Se acusa a los ayuntamientos de renombrar las antiguas "perreras" como "Centros de Bienestar Animal" únicamente para suavizar su imagen pública, mientras mantienen el sacrificio como principal herramienta de gestión. La discrepancia entre los 2,500 admitidos y los 10,000 denunciados apunta a una opacidad en los registros sanitarios estatales.

La indignación radica en que estos centros priorizan la "eutanasia" en lugar de invertir en campañas masivas de esterilización, educación y adopción responsable.

Hasta el momento, la senadora Mariela Gutiérrez ha mantenido su postura de que actuó conforme a la ley. Sin embargo, el descontento social sigue escalando. 

Diversos colectivos han comenzado a exigir una auditoría profunda a los centros de control animal en todo el Estado de México y el resto del país, ante el temor de que lo ocurrido en Tecámac sea una práctica sistemática replicada a nivel nacional.

La sociedad civil y grupos de activistas han hecho un llamado a las autoridades federales para que se legisle una prohibición estricta al sacrificio de animales sanos en centros públicos, transformándolos en verdaderos refugios de rehabilitación y no en salas de ejecución disfrazadas de "bienestar".

Este caso continúa en desarrollo mientras se esperan pronunciamientos oficiales de las comisiones de medio ambiente en el Senado y la Cámara de Diputados.