​Este equipo se encargaba de elaborar investigaciones socioeconómicas, emitir dictámenes especializados y determinar las condiciones de vulnerabilidad de las personas que solicitan al Estado defensa o asesoría jurídica por falta de recursos.

​Gracias a su intervención, mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, comunidades indígenas, migrantes, personas con discapacidad y víctimas de violaciones a los derechos humanos accedían a una atención integral y a una representación legal ajustada a su situación.

​La desaparición de este grupo especializado no solo representa la pérdida de empleos, sino que también merma la capacidad de la institución para ofrecer una justicia profesional, independiente y de calidad a los sectores más desprotegidos.

​Resulta preocupante que los despidos ocurran después de que la reforma judicial garantizara el respeto a los derechos laborales. Debido a esto, varias de las personas afectadas se quedaron sin trabajo y sin acceso a la seguridad social, lo que compromete la continuidad de tratamientos médicos indispensables.